Las celebraciones presenciales serán de carácter exclusivamente litúrgico y estarán condicionadas a lo que determinen las autoridades eclesiásticas y sanitarias durante las próximas semanas.

A pesar de la suspensión de las Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista, el Ayuntamiento de Puntallana a través del área de Cultura y Fiestas, ha comenzado a coordinar conjuntamente con la Parroquia las celebraciones que tendrán lugar los próximos 23 y 24 de junio.

En esta edición, los actos tendrán marcado carácter litúrgico y estarán condicionados a las decisiones que en las próximas semanas tomen las autoridades eclesiásticas y sanitarias, referidos especialmente a cuestiones de aforo dentro del templo parroquial. Además, dichas celebraciones tanto en la víspera como en el día de nuestro patrón se limitarán solo a la eucaristía, no llevándose a cabo las tradicionales procesiones hasta la Fuente de San Juan por cuestiones de seguridad.

El concejal del área Héctor Cabrera, destaca que a pesar de la suspensión de las fiestas debido a la crisis sanitaria que estamos atravesando, se mantiene la ilusión por buscar alternativas y poder celebrar aunque sea de manera »virtual» las mismas en este año tan particular. En este sentido quiere agradecer de manera especial al párroco Julián Azcárate, su predisposición para llevar a cabo los actos litúrgicos así como a toda la comunidad parroquial que habitualmente colaboran en su organización.

Una vez finalice el luto nacional, desde el Ayuntamiento de Puntallana se presentarán las distintas iniciativas para celebrar este peculiar San Juan 2020, unas fiestas de las cuales no hay constancia de que nunca o al menos durante el último siglo tuvieran que suspenderse. Ni siquiera durante la Guerra Civil, cuando muchos jóvenes del pueblo estaban en el frente, San Juan se quedó sin fiestas.

Por su parte el alcalde Víctor Guerra recuerda que la suspensión de las Fiestas Patronales no debe ser un motivo de tristeza y mucho menos por una razón de sobra justificada como esta. Destaca que ahora mismo las prioridades del consistorio deben centrarse en otros aspectos y emplaza a los vecinos y vecinas a que con ilusión y esperanza, volvamos a reencontrarnos en la plaza en junio de 2021.

El consejero de Infraestructuras del Cabildo, Borja Perdomo, destaca la importancia de este espacio para la dinamización económica de Puntallana y de toda la comarca

Las obras de urbanización del polígono industrial de Cercado Manso, en Puntallana, han tomado velocidad de crucero y avanzan a muy buen ritmo para convertir este espacio en un revulsivo económico no solo del municipio sino del conjunto de la comarca.

Así lo ha podido constatar el consejero de Infraestructuras, Borja Perdomo, que pudo comprobar el avance de las obras acompañado del vicepresidente del Cabildo, José Adrián Hernández, y el alcalde de Puntallana, Víctor Guerra.

Borja Perdomo recordó que esta intervención se está financiando a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), con una inversión de 1,8 millones de euros. “Estamos ante una actuación de gran calado que va a contribuir notablemente al desarrollo de toda la comarca y generará en su momento puestos de trabajo y dinamizará la economía”.

El consejero destacó el “buen ritmo” que tienen estas obras que cubrirán la carencia de suelo industrial en esta zona de la isla y expresó su confianza en que en un año y medio pueda estar concluida, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de 24 meses

El alcalde de Puntallana destacó que el polígono industrial de Cercado Manso es “una obra fundamental para el desarrollo de nuestro municipio. Víctor Guerra señaló que se trata de un espacio estratégico para Puntallana.

“Estamos sentando las bases del futuro desarrollo de Puntallana y trabajamos para consolidarlo”, añadió el alcalde, quien subrayó que este polígono permitirá la implantación de empresas, la diversificación de la economía del municipio y la generación de empleo.

Los trabajos de construcción de este polígono industrial de 28.000 metros cuadrados, cercano al casco del municipio, dotarán de los servicios urbanos exigibles, mediante movimientos de tierras, la construcción de muros y contenciones, albañilería, pavimentos, la instalación de la red de agua, riego y contra incendios, saneamiento y alcantarillado, red de media tensión, de alumbrado público, telecomunicaciones, señalización, jardinería y mobiliario urbano.

• Llegará a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares en los que viven menores
• Supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas
• Será compatible con rentas salariales e incluirá incentivos al empleo en forma de bonus para quienes empiecen a trabajar o aumenten el número de horas de ocupación
• Se establecen una amplia variedad de tipologías de hogar, cada una con un nivel de renta garantizado que oscila entre los 5.538 y 12.184 euros anuales

El Consejo de Ministros, a propuesta de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha dado luz verde al Real Decreto-Ley por el que se pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital, una nueva prestación de la Seguridad Social, que va acompañada de estrategias de inclusión focalizadas. El Ingreso Mínimo Vital, que será de carácter permanente, tiene como principales objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

El Ingreso Mínimo Vital es la respuesta del Gobierno al problema estructural de pobreza que existe en España y que hasta ahora no ha sido suficientemente atajado por las políticas existentes, como han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones las recomendaciones remitidas a España desde diferentes organismos internacionales. Su puesta en marcha se ha acelerado para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad causadas por la COVID- 19, que se suman a las de las familias que ya se encontraban en dificultades previamente.

Según las estimaciones, la nueva prestación podría alcanzar los 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares con niños. De hecho, de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios, un 30% son menores. También habrá una incidencia mayor entre los hogares monoparentales, que supondrán el 16% de los beneficiarios. Dentro de ellos, casi un 90% están encabezados por una mujer.

El Ingreso Mínimo Vital parte de una amplia tipologías de hogares (en función del número de miembros y de si son monoparentales) y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar y un beneficio para los hogares monoparentales, según se indica en la tabla inferior.

El Ingreso Mínimo Vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar. Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. De esta forma, la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar, mientras que el importe de la prestación será de unos 4.400 euros anuales. El presupuesto anual ascenderá a 3.000 millones de euros al año.

EN QUÉ CONSISTE

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación para hogares de cualquier tamaño, también los unipersonales. En cada hogar habrá un titular que solicitará la prestación. Si el hogar está formado por una sola persona el titular tendrá entre 23 y 65 años y llevar al menos tres años constituido como hogar. Si el hogar tiene dos o más miembros, de manera general la edad del titular estará entre 23 y 65 años salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo. Estos hogares deberán llevar constituidos al menos un año.

Para todos los tipos de hogar se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.

Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, para certificar que el Ingreso Mínimo Vital llegue a los hogares más vulnerables, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.

La prestación se percibirá mensualmente y se cobrará en 12 pagas. Se podrá solicitar a partir del 15 de junio, aunque, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses, se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio. Además, durante el primer mes de vigencia de la prestación, se actuará de oficio para que se abone a unos 100.000 hogares que cumplen los requisitos, sin que sea necesario que la soliciten.

La solicitud será multicanal. Se podrá presentar a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario. Además, se permitirá el acceso a través de los ayuntamientos una vez se firmen los convenios previstos y en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social cuando retomen la atención al público. Para facilitar información a los posibles beneficiarios, se pondrá en marcha un teléfono 900 y un simulador en la página web de la Seguridad Social, donde también se podrán consultar dudas a través del asistente virtual.

MÁS QUE UNA MENSUALIDAD

El Ingreso Mínimo Vital es toda una política social que se engarza alrededor de una prestación, de forma que, más allá de la ayuda monetaria incluye estrategias de inclusión, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que permitan a las personas en vulnerabilidad transitar a una situación mejor. Los beneficiarios contarán con incentivos a la contratación y también se creará un “Sello Social” para las empresas que les ofrezcan formación y empleo.

Además, se fomentará la participación en el mercado laboral con incentivos. Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. En el caso de que esté ocupado, cuando su salario se incremente, la cuantía de la prestación se reducirá en una cantidad inferior. En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.

Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año.

El resultado del Ingreso Mínimo Vital y de las distintas estrategias y políticas de inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mediante la emisión de la correspondiente opinión.

El Ingreso Mínimo Vital llegará a 850.000 hogares que se encuentran entre el 17% más pobre de la población, con una renta disponible media que no llega a los 310 euros mensuales. Su finalidad es no dejar a nadie atrás y prácticamente erradicará la pobreza extrema en España. Aspira a la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica a través de una prestación diseñada de forma innovadora, al poner en marcha una política social focalizada, evaluable y coordinada.

El plazo fue interrumpido debido a la declaración de estado de alarma el pasado 14 de marzo y se abrirá desde hoy hasta el próximo lunes 1 de junio.

El Ayuntamiento de Puntallana a través del área de Educación que dirige Diana Hernández, ha reanudado el plazo de solicitud de las ayudas al estudio del presente curso, tras paralizarse el pasado 14 de marzo debido a la declaración de estado de alarma.

Desde el consistorio también se ha hecho un especial esfuerzo incrementando la partida económica destinada a dichas ayudas, una medida que ha sido tomada en consecuencia con la situación actual, donde numerosos jóvenes del municipio y sus familias tendrán que hacer frente al momento de gran incertidumbre económica generada.

Con dichas ayudas, se esperan beneficiar en torno a medio centenar de jóvenes del municipio estudiantes universitarios y de formación profesional, menores de 30 años y que cursen estudios de manera presencial fuera de la isla.

Tanto el alcalde Víctor Guerra como la concejala responsable Diana Hernández, afirman que el consistorio continúa de esta manera adoptando medidas en pro de ayudar a los vecinos frente a la crisis generada a todos los niveles por el Coronavirus – COVID 19.

¿En qué consisten?

Como el mismo nombre dice, son ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.

Su destino es para pagar la renta del alquiler o para la cancelación, total o parcial, de las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020. (Microcreditos ICO para inquilinos).

Personas beneficiarias:

Además de tener contrato de alquiler, deben acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

Quedan excluidas las personas en viviendas protegidas, adjudicadas por la Administración Pblica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en régimen de alquiler.

¿Plazo?

El plazo se abre este viernes 8 de mayo. Las solicitudes antes de tiempo deberán remitir nuevamente la documentación en la fecha correcta.

Hasta que se agote el crédito y, en todo caso, hasta el 30 de septiembre de 2020

¿Qué se entiende por unidad familiar?

A los efectos de esta ayuda se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona titular del contrato, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda

¿Qué requisitos debo cumplir?

Además de estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19 (en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, y otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos)

Ojo: Ninguna de las personas integrantes de la unidad familiar puede ser propietaria o usufructuaria de una vivienda en España. Con excepción de:

• El derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota misma y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento.
• Quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.

¿Cómo se acredita estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19? (art. 6 del Real Decreto-ley 11/2020)

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

1. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
2. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
3. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras a) a d) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

¿Cómo se presentan?

¿Qué pasa si no tengo medios electrónicos para presentarla?

También se puede presentar de manera telefónica, a través del número de atención a la ciudadanía 012 del Gobierno de Canarias.

¿A cuánto puede ascender la ayuda (cuantía)?

• importe máximo de 900 euros al mes y del 100% de la renta arrendaticia, hasta 6 meses.
• Se incluye primera mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020.
• Si tienen concedido el microcrédito ICO la ayuda podrá llegar a un importe máximo de 5.400 euros, con la que se satisfará total o parcialmente el pago de la renta de la vivienda habitual.

Plazo para resolver

tres meses desde la presentación de la solicitud. Silencio administrativo desestimatorio.

Ante las dudas generadas por las fases de desescalada del confinamiento anunciadas por el Estado, puedes consultar los documentos completos del gobierno a través de los siguientes archivos:

Agradecemos la colaboración y responsabilidad de todos, así como compartir esta información.

Recientemente el Ayuntamiento de Puntallana ha culminado la instalación de barreras de seguridad a lo largo de la pista de Bajamar de La Galga.

Con una inversión de 28.900€, los trabajos han consistido en la instalación total de 424 metros lineales en diferentes tramos de la vía, principalmente aquellos de mayor peligrosidad en la que es una de las vías agrícolas con mayor tránsito del municipio.

El alcalde Víctor Guerra, destaca que con estos trabajos se ha dado respuesta a una demanda vecinal del barrio, especialmente a aquellos vecinos que diariamente usan la misma, en la cual se habían producido algunos accidentes en puntos donde ahora se ha reforzado la seguridad. Asimismo recuerda que los trabajos tendrán continuidad más adelante en siguientes tramos de la vía, hasta completar la totalidad de la misma.

El Ayuntamiento de Puntallana continua así su compromiso de mejorar el acceso y seguridad en las diferentes pistas agrícolas del municipio, especialmente en unos momentos donde es clave el apoyo al sector primario, principal motor económico del municipio.